Recebemos um mail de um amigo (a quem agradecemos) com um comunicado de uma associação de militares espanhóis que consideramos merecer/dever ser conhecido.
É extenso, mas de fácil e muito útil leitura:
Comunicado
Otro paso más en el “golpe de estado”
encubierto
Denunciamos la aprobación de
la Ley de Seguridad Privada,
como la instauración de
“cuerpos parapoliciales” al servicio de la oligarquía
y de su Régimen antidemocrático
La
aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada supone una
nueva vuelta de tuerca al profundo recorte de libertades en que los gobernantes
del Partido Popular están sumiendo a los
ciudadanos y ciudadanas de este país.
Un gigantesco “paquete represivo”
La
Ley de Seguridad privada se inscribe en un conjunto legislativo fuertemente
represivo, que incluye las anunciadas reformas del Código Penal, del Código
Penal Militar y la nueva Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. De esta
última -en fase de anteproyecto- no se conoce otra cosa que las terribles
sanciones previstas por el Gobierno para reprimir las protestas sociales por
vía administrativa y sin protección judicial alguna. En la práctica liquida los
derechos constitucionales de reunión y manifestación e introduce la
arbitrariedad administrativa y la aparición de algunos excesos policiales
fomentados por los responsables políticos.
Código Penal: “ojo por ojo” y “años de
plomo”
En la
reforma del Código Penal se introducirá la nueva pena de “cadena perpetua
revisable” que elimina la posibilidad de reinserción social y vuelve al “ojo por ojo” de la justicia estrictamente
punitiva.
La
aplicación a supuestos de “terrorismo”, unida a la facilidad con la que el
Gobierno aplica este concepto a la protesta y a la indignación social, hace
prever el comienzo de un nuevo ciclo de “años de plomo” como los de la “larga
noche del franquismo”.
Código Penal Militar: “estado de
excepción permanente”, impunidad para los crímenes de guerra y 100.000
potenciales “soldados Manning”
La
modificación del Código Penal Militar (de la que la que solo se conocen algunas
“ideas generales”) apunta al corazón mismo de la activación de un Régimen en “estado de excepción permanente”. El Gobierno podrá activar el
“estado de sitio” que prevé la Constitución de 1978, con suspensión de todos
los derechos políticos y de las garantías constitucionales no solo en caso de
“guerra declarada” con aprobación del Parlamento, sino en los supuestos de
“existencia de un conflicto armado”.
Por
otra parte la reforma prevé la aplicación a civiles de delitos específicamente
militares, como el de rebelión, en caso de que con su actuación entorpezcan las
acciones militares o publiquen datos considerados reservados. En consecuencia,
la denuncia, publicación o difusión de informaciones como la del “video de
Irak”, las actividades del CNI en zona de combate, el adiestramiento de las
unidades operativas en técnicas de tortura, o la matanza deliberada de un
cámara como José Couto, por poner ejemplos que han sido publicados en los
medios, e ignorados o bloqueados por las autoridades judiciales, constituirán
delitos castigados con grandes penas. También, evidentemente, la exigencia de
una investigación independiente –y el castigo de los culpables-
En relación con los propios militares, la reforma del su
Código Penal –que implica la aplicación para situaciones de “guerra no
declarada”-, supone la imposibilidad de denunciar delitos de lesa humanidad o
de negarse a participar en ellos. La sombra del soldado Manning –condenado a
cadena perpetua por denunciar decenas de miles de asesinatos, torturas y
vejaciones en Irak y Afganistán, incluidos los de civiles-, pende sobre
nuestros profesionales como una losa de plomo.
Y
sobre nuestro país la vergüenza de romper absoluta y definitivamente con las
nomas de “derecho humanitario” del tratado de Roma, que tipifica y castiga los
crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Hay que recordar que un
acuerdo del bipartito modificó el Código Penal en tiempos ya de Zapatero, para
impedir la persecución de esos delitos cometidos en “guerras no declaradas” y
la persecución de los mismos por la Audiencia Nacional. Además los EEUU niegan
la jurisdicción del Tribunal de Roma a sus tropas y funcionarios en ningún
lugar del mundo y aplican la misma impunidad a sus aliados. Javier Solana
(guerra de Yugoslavia), Aznar (guerra de Irak y de Afganistán), Zapatero
(guerra de Afganistán, escala en aeropuertos españoles de aviones que servían
de pequeños centros de tortura en vuelos hacia Guatánamo, guerra de Libia) se
liberarían de la posibilidad evidente, junto con algunos altos mandos militares
y ejecutores directos, de ser procesados por uno o varios de esos crímenes
nefandos.
El
abrazo entre Zapatero y Toni Blair (uno de los miembros del Trío de las Azores), hace pocos días,
escenificó la realidad encubierta hasta ahora: el “pacto de supervivencia a
toda costa y contra el pueblo” entre los señores de la guerra que son también
responsables de la crisis.
Ley de Seguridad Privada: las bases
para la legalización de un “enorme ejército paramilitar” al servicio de los
poderosos
Finalmente,
el Proyecto de Ley de Seguridad Privada,
a discusión en el Senado y –previsiblemente-, de inmediata aplicación, eleva el listón de la barbarie hasta límites
absolutamente intolerables.
La
Ley no pretende institucionalizar la prestación de servicios de seguridad de
forma subsidiaria o restringida a la defensa de los intereses específicos de
particulares, sino de manera “complementaria” al de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (FCS) del Estado.
Esto
es, la seguridad y la defensa de los derechos y libertades y el monopolio del
uso de la fuerza no será ya competencia exclusiva de las Fuerzas de Seguridad,
sino de las empresas de seguridad privada. Los efectos son escandalosos.
Negocio de ricos, cárcel de pobres
En
primer lugar “los guardias de seguridad privados” van a reemplazar a los
funcionarios públicos en aquellas áreas de actividad punitiva como la gestión
carcelaria. El Estado las entrega al negocio privado porque tienen una
rentabilidad asegurada.
Dicho
con la máxima claridad; la aplicación de las “condenas incrementadas” del
sistema de Tolerancia Cero que se va
a implantar con la reforma del Código Penal, va a aumentar en progresión
geométrica la población carcelaria con los que el negocio va a ser fabuloso.
Otra
de las consecuencias del sistema (también implantado en Europa por Blair) va a
consolidar el sistema carcelario como un “gueto
discriminatorio” al que no van los poderosos. La cárcel –como en EE UU,
país origen del sistema-, se convertirá en un “modo de vida” para un número
gigantesco de personas.
Hay
otros aspectos de la Ley de Seguridad Privada, mucho más escandalosos y
preocupantes, que llaman a la revuelta ciudadana.
Motivos para una revuelta ciudadana:
policías que no son policías, “impunidad blindada”, algún que otro torturador
en sus filas, indefinición del armamento y posible uso de armas letales
La
Ley autoriza la utilización de los servicios de “seguridad privada” en espacios
abiertos, sean de interés público (cárceles, CIEs) o privados (conciertos o
celebraciones realizados en suelo público para una entidad privada), bajo la supuesta supervisión de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y en “idénticas condiciones” que las de éstas.
Para
ello, se les ofrece el poderosísimo blindaje, que respaldará cualquier
atropello, de su consideración como “autoridad del estado”.
Eso
quiere decir que cualquier nimiedad puede ser considerada como un delito de “resistencia,
insulto o desobediencia a la autoridad” y
condenada con las gravísimas penas que se aplicarán tras las modificaciones en
curso del Código Penal y de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Las
condiciones para que se autorice su actuación en espacios públicos no quedan
nada claras y, mucho menos, en qué circunstancias y con qué requisitos han de
ser considerados “autoridad del estado”.
Otro
aspecto gravísimo es la vaguedad con la que se habla de las las “armas y medios
de defensa” que pueden utilizar. Únicamente se alude a que estos medios no
deben estar prohibidos por el Reglamento de Armas. Pero nada acerca de las
condiciones en que su uso es legítimo, salvo las habituales y difusas de “congruencia
y proporcionalidad”.
Eso
es claramente insuficiente no sólo por la explícita vaguedad en cuanto a las
“armas y medios de defensa” sino porque hoy existen multitud de medios
considerados “defensivos” por el Reglamento de Armas que, sin estar
explícitamente prohibidos, han sido reiteradas veces cuestionados por las
organizaciones de derechos humanos como potenciales medios letales o
desproporcionadamente lesivos si no son empleados bajo un control muy estricto:
armas de electrochoque, aerosoles de gases paralizantes, pelotas de goma o
balas de plástico, etc.
De
hecho, su uso está muy limitado entre las propias Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. La laxitud con que se trata este aspecto en la ley
permite anticipar un coladero para la irrupción masiva de los medios más
sofisticados que la imaginación humana pueda concebir, sin otro requisito que
el que el Reglamento de Armas no los prohíba.
-Entre
los requisitos para acceder a la profesión, sorprende que no se vete
explícitamente a aquellas personas que hayan estado involucradas en violaciones
de derechos humanos, como ha sido el caso de famosos torturadores propietarios
o empleados en empresas de seguridad y espionaje. Y los requisitos formativos
exigidos son también demasiado laxos, si se tiene en cuenta que, de facto, se
les quiere convertir en “agentes de la autoridad”.
Hacia la formación de un “ejército
paramilitar”
-Con
todo ello, lo más preocupante del Proyecto de Ley reside en la escasa atención
que se le presta a la transparencia en su función y a los sistemas de rendición
de cuentas.
Ya de
por si resulta clamoroso el déficit existente en la legislación actual con
respecto a mecanismos independientes de recepción e investigación de denuncias
contra la policía, desatendiendo todas las normas de los organismos
internacionales a las que está obligado el Estado Español. Pero si se va a
permitir a las empresas de seguridad ejecutar funciones propias de la policía,
que tiene que afrontar la protección de la seguridad mediante la restricción de
derechos, su interesada omisión en el proyecto habla bien a las claras de su
fin último: se encargarán de hacer el trabajo sucio sin estar sometidos a los
quisquillosos escrutinios que encorsetan a las policías públicas.
Esta
“impunidad reglada” es lo que caracterizaba en otros tiempos a los “somatenes”;
y hoy en día a las fuerzas paramilitares, entusiásticamente empleadas y
fomentadas en todo el planeta por los más acérrimos neoliberales.
El
ejercicio de la violencia sin límite para defender intereses, ajenos a todo control
democrático.
El PP ultraliberal y parafascista quiere
un ejército privado
Cumple
este proyecto, además, otra función, cual es la de extender sin desmayo el
modelo neoliberal de privatizar todas cuantas funciones públicas puedan ser
susceptibles de generar negocio. Se alega reducción de los costes, pero es a
costa de sacrificar los derechos de los trabajadores. Pobre cualificación,
escaso control y nichos de negocio cuidadosamente seleccionados y con la
certeza de que la seguridad es un filón inagotable; estos son los ingredientes
de la nueva receta que se está tratando de filtrar.
Hay
que señalar aquí el interés de destacados miembros del PP en la extensión de
este modelo, por su importante participación en empresas de seguridad privada,
como ya denunciara Arzalluz, hace unos años, con ocasión de la negativa del
gobierno de Aznar a autorizar un aumento de la plantilla de la Ertzaintza.
Por
último, hay que destacar la ausencia de toda referencia, ni de aplicación ni de
exclusión, a las compañías de seguridad privada que están operando a bordo de
buques nacionales, como sucede en aguas del océano Índico, legalmente,
territorio nacional. En este caso, se emplean armas de guerra en un contexto de
virtual inexistencia de autoridad, lo que los convierte, ahora sí, en
verdaderos paramilitares a los que no se les exige ningún respeto al derecho
internacional humanitario, permitiendo que sigan operando en un auténtico limbo
legal que favorece su negocio.
Lo peor de todo es que con esta ley se rebajan dramáticamente
los estándares de calidad de un servicio público que pone en riesgo la
integridad de las personas, en un esfuerzo desesperado del PP por imponer su
modelo de “orden público”, en el que los derechos de los ciudadanos son
desechables, tal como hacía el franquismo.
Otro paso más en el “golpe de estado”
encubierto.
Anemoi hace una llamada a los miembros de
las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se opongan a la existencia de este
ejército paramilitar que va a imposibilitar su actuación en defensa de los
derechos de los ciudadanos; a deshonrar su trabajo de protección de la
ciudadanía; y a provocar la multiplicación de “incidentes de brutalidad
policial” en operaciones de colaboración, por la actuación de los “sin ley” de
la “seguridad privada”.
Anemoi alerta una vez más a los miembros
honrados de las Fuerzas Armadas –que son la inmensa mayoría-, a los que sienten
el honor de defender al pueblo, para que
se opongan a la implantación de este “golpe de estado encubierto.
Madrid,
13 de diciembre de 2013
Asturianos
de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarra
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
__________________________
[i] Anemoi es un colectivo de
militares
